Una revolución ética (con acento popular)
Por David Escobar.
Publicado originalmente por la Alianza por la Justicia Global (AFGJ).
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Colombia se aproxima a las elecciones más importantes del continente, y posiblemente del planeta. No porque en Bogotá vaya a decidirse únicamente el destino administrativo de un Estado periférico, sino porque en Colombia se está jugando algo mucho más profundo: la posibilidad de que América Latina continúe y profundice la ruptura histórica que comenzó con el gobierno de Gustavo Petro frente al viejo orden de la hacienda oligárquica armada como forma de gobierno.
Mientras Europa se consume en su agotamiento liberal y Estados Unidos coquetea otra vez con el fascismo de masas, el continente latinoamericano vuelve a convertirse en el laboratorio decisivo de la política global. Honduras fue el aviso. Argentina es el experimento. Perú, el ensayo general del vaciamiento democrático. Y Colombia —precisamente Colombia— es el punto de quiebre.
Iván Cepeda saluda a una plaza desbordada en Cali, durante una movilización popular en defensa de la profundización democrática y el cambio social en Colombia, en una demostración de fuerza frente a la restauración oligárquica y la disputa por el futuro político del país. Foto: David Escobar.
La restauración oligárquica continental o el retorno de la Doctrina Monroe
Las revelaciones conocidas como “Honduras-Gate” —una serie de conversaciones filtradas entre actores políticos, mediáticos y de seguridad vinculados a gobiernos y sectores de extrema derecha de la región, incluyendo Estados Unidos, Argentina y Honduras, donde se discutían estrategias de presión, desestabilización y guerra cognitiva contra procesos democráticos populares en países como Colombia y México— terminaron de hacer explícito algo que durante años muchos prefirieron descartar como paranoia latinoamericana: la existencia de mecanismos coordinados de articulación entre sectores de extrema derecha, aparatos de inteligencia, estructuras militares, conglomerados mediáticos y gobiernos alineados con Washington para contener o desestabilizar procesos democráticos populares en la región. Las discusiones reveladas en torno a Colombia, México y otros países latinoamericanos mostraron hasta qué punto la vieja lógica hemisférica de la doctrina Monroe sigue operando bajo formas contemporáneas, combinando presión diplomática, guerra mediática y cognitiva, lawfare, inteligencia regional y operaciones de desestabilización política, reactivando las viejas tecnologías hemisféricas de cambio de régimen contra gobiernos y movimientos populares.
Para un lector estadounidense, el paralelismo debería resultar imposible de ignorar. La misma constelación política, mediática y empresarial alineada con el trumpismo que intervino en procesos latinoamericanos recientes —incluyendo las campañas de presión política y guerra cognitiva observadas en Argentina y Honduras— participa hoy abiertamente en los intentos de manipular e influir en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. La distinción clásica entre política doméstica y política exterior comienza a desdibujarse bajo una nueva internacional reaccionaria articulada alrededor del nacionalismo autoritario, la desinformación y la desestabilización permanente de la democracia.
En este contexto, las elecciones colombianas exceden completamente las fronteras nacionales. Colombia podría convertirse en el primer gran rechazo hemisférico al ascenso internacional del fascismo contemporáneo, o en una nueva victoria estratégica para las fuerzas autoritarias que buscan restaurar el viejo orden continental mediante miedo social, guerra cognitiva y disciplinamiento oligárquico. Para los votantes estadounidenses, la injerencia sobre Colombia refleja procesos que ya están ocurriendo dentro de Estados Unidos, donde el Partido Republicano de Trump intenta cada vez más subvertir los procedimientos democráticos mediante presión institucional, desinformación, supresión del voto, ataques contra la legitimidad electoral y esfuerzos cada vez más explícitos por socavar —e incluso revertir— los procesos electorales democráticos.
Por eso existen razones profundas para observar atentamente lo que ocurra en Colombia el 31 de mayo: denunciar la intervención estadounidense, comprender la dimensión internacional de esta disputa y reconocer que el futuro democrático del continente ya no se juega únicamente dentro de las fronteras nacionales.
Lo que está ocurriendo en Colombia no es simplemente una disputa entre izquierda y derecha. Esa interpretación resulta demasiado reducida para comprender el momento histórico. Lo que está en juego es la continuidad de un proceso de democratización radical y ética del Estado colombiano, o el retorno triunfal de la necropolítica oligárquica: paramilitarismo reciclado, despojo de tierras, narcoeconomía integrada al poder regional, corrupción estructural, evangelismo reaccionario y violencia administrada como pedagogía social.
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La oligarquía y el miedo al pueblo
La élite colombiana lo sabe. Tal vez mejor que nadie. Por eso reaccionan con un nivel de paranoia tan desproporcionado frente a figuras como Iván Cepeda o frente al propio Pacto Histórico. Porque cuando Cepeda habla de una “revolución ética”, la oligarquía colombiana no escucha una transformación democrática: escucha una amenaza insurgente. No porque Cepeda sea un guerrillero encubierto —esa caricatura pertenece al delirio paranoico trasnochado de las castas terratenientes— sino porque las clases dominantes colombianas llevan décadas confundiendo justicia social con terrorismo.
Después de dos siglos administrando el país como una hacienda cercada por ejércitos privados, la oligarquía criolla perdió la capacidad de imaginar una democracia real. Cualquier redistribución del poder simbólico, económico o racial les parece violencia ilegítima, cuando no terrorismo. Cualquier emergencia popular les parece guerra. Cualquier plebeyo con autoridad intelectual les resulta insoportable debido a su profundo desprecio de clase, a esa convicción oligárquica de que el conocimiento, la elegancia y la autoridad política constituyen un patrimonio exclusivo y monopolístico de las castas altas.
Parte de la tragedia colombiana es que esa mentalidad terminó saboteando incluso la posibilidad histórica de una transición democrática relativamente estable. El entrampamiento sistemático del Proceso de Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos —con figuras como el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez desempeñando un papel decisivo en el bloqueo jurídico y político de los acuerdos— ayudó a producir exactamente el escenario que la ultraderecha necesitaba: el incumplimiento estatal, la persecución contra sectores vinculados a la implementación y la incapacidad deliberada de desmontar las economías regionales de la guerra permitieron la supervivencia de grupos armados residuales, cuya existencia termina funcionando como combustible perfecto para la política del miedo.
Cada episodio de violencia fragmentaria, cada acto de terrorismo residual, reactiva el dispositivo emocional favorito de las derechas autoritarias latinoamericanas: militarización, excepcionalidad permanente y restauración del enemigo interno. La paradoja colombiana es brutal: sectores que durante décadas bloquearon una salida democrática al conflicto terminaron utilizando las consecuencias de ese mismo sabotaje como argumento para impedir nuevas transformaciones democráticas.
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La disputa por el horizonte de sentido
Aquí reside precisamente el carácter histórico del momento. Porque el Pacto Histórico no irrumpe únicamente como una coalición electoral. Irrumpe también como una ruptura frente a décadas de domesticación neoliberal del lenguaje político y estigmatización bajo la doctrina del enemigo interno. El neoliberalismo no sólo privatizó empresas públicas y desmanteló conquistas sociales: también intentó privatizar el imaginario colectivo. Quiso volver obscenas —o expulsar completamente del lenguaje— palabras como “clase”, “explotación”, “oligarquía” o “justicia social”. Todas debían parecer arcaísmos incómodos de otra época, residuos ideológicos de la guerra fría y de la larga guerra contrainsurgente latinoamericana.
Esa lógica fue organizada históricamente bajo la llamada doctrina del enemigo interno, una concepción política y militar —alimentada tanto por el anticomunismo maccarthista estadounidense como por las tradiciones europeas de persecución fascista contra el “enemigo infiltrado”— que transformó el conflicto social en una guerra permanente contra la propia población. En América Latina, esa doctrina permitió convertir cualquier proyecto de justicia social en sospecha de subversión. El problema nunca fueron únicamente las insurgencias armadas: el verdadero enemigo era la posibilidad de una democratización popular del poder.
La misma doctrina contrainsurgente perfeccionada en Colombia se ha aplicado mucho más allá de sus fronteras. Lo que ocurre en Colombia no se queda en Colombia: las tácticas utilizadas para desarticular movimientos populares, manipular la opinión pública, criminalizar el disenso y contener procesos de transformación democrática resultan cada vez más visibles en Estados Unidos y otros países, incluyendo los intentos de influir en resultados electorales y reprimir movimientos antifascistas y pro-democráticos antes de las elecciones de noviembre (en EEUU).
Bajo esta lógica, cualquier demanda de justicia social podía interpretarse como amenaza subversiva. Sindicalistas, estudiantes, campesinos, periodistas, movimientos indígenas, líderes sociales, defensores de derechos humanos o incluso reformistas moderados fueron convertidos en enemigos potenciales del Estado, con el objetivo de impedir la aparición de mayorías democráticas capaces de disputar el monopolio oligárquico del poder.
No resulta extraño, entonces, que durante años incluso buena parte del progresismo latinoamericano terminara hablando el dialecto higienizado de la gobernanza, el emprendimiento y la tecnocracia global, como si el conflicto social hubiese sido superado por decreto cultural.
Por eso el Pacto Histórico desordena tan profundamente el paisaje político latinoamericano. Porque devuelve al centro del discurso algo que las élites criollas creían definitivamente neutralizado: la existencia material de la contradicción de clases sociales. De pronto, jóvenes urbanos, sindicalistas, feministas populares, movimientos afro e indígenas y sectores universitarios vuelven a hablar de redistribución, dignidad y poder popular sin pedir disculpas ideológicas. Hay algo magnético en ese fenómeno. Después de décadas de neoliberalismo aspiracional y tecnocracia vacía, la política vuelve a tener cuerpo, deseo, memoria histórica y ambición colectiva. La izquierda, por primera vez en mucho tiempo, dejó de parecer una administración melancólica de derrotas sin alternativa y empezó a parecer futuro.
Una multitud diversa acompaña a Iván Cepeda en Cali, en una escena atravesada por entusiasmo popular, banderas y expectativas colectivas: jóvenes de barrio, obreros, comunidades afro e indígenas, militantes históricos y sectores intelectuales convergen alrededor de un proyecto democrático, expresando una creciente vocación de poder popular orientada a profundizar el proceso de cambio en Colombia. Foto: David Escobar.
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Eso es lo que realmente aterra a las clases dirigentes.
No es solamente la figura de Iván Cepeda como individuo. Tampoco es, estrictamente, un programa económico específico lo que produce semejante nivel de pánico entre las clases dominantes. Lo que verdaderamente las aterra es la aparición de una subjetividad popular sin vergüenza y con vocación de poder. Jóvenes de barrio hablando el lenguaje del poder sin pedir permiso cultural. Mujeres politizando la vida cotidiana. Comunidades indígenas y afrodescendientes ocupando el centro simbólico del país. Universitarios proletarios discutiendo hegemonía, deuda histórica y redistribución como si Colombia finalmente les perteneciera también a ellos.
La oligarquía colombiana sabía cómo responder militar y paramilitarmente a la insurgencia armada. Lo que no sabe administrar es una revolución ética y democrática capaz de disputar el sentido común del país sin recurrir a la violencia. Y precisamente esa impotencia política empieza a transparentarse en los discursos de campaña de sus propios candidatos, cada vez más atravesados por el miedo, el resentimiento oligárquico de clase y la amenaza velada de restauración autoritaria.
Porque una revolución ética, estética y democrática amenaza algo mucho más profundo: el monopolio aristocrático sobre la idea misma de nación. Es decir, sobre la producción del consenso social y, en última instancia, sobre la hegemonía.
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La democracia bajo asedio
Por las razones aquí expuestas, las elecciones colombianas exceden ampliamente las fronteras nacionales. En Colombia no se decide únicamente el destino de un gobierno progresista, sino la posibilidad misma de que una transformación democrática profunda sobreviva al avance coordinado de las nuevas derechas autoritarias del continente.
Colombia podría convertirse en el primer gran baluarte democrático hemisférico frente al avance internacional del fascismo contemporáneo. O podría demostrar que las viejas élites latinoamericanas, articuladas con el trumpismo global y la maquinaria hemisférica de intervención estadounidense, todavía son capaces de bloquear cualquier democratización profunda del continente americano.
Lo que se juega en Colombia ya no pertenece únicamente a Colombia. El resultado de estas elecciones podría definir si América Latina logra profundizar la ruptura histórica abierta por los nuevos procesos democráticos populares del continente, o si la doctrina Monroe, la guerra contra las clases populares bajo la lógica del “enemigo interno” y la restauración oligárquica consiguen reorganizarse bajo las formas contemporáneas del fascismo global.